El 10 de junio de 2024, el Poder Ejecutivo de Perú promulgó la Ley 32054, una normativa que ha generado un amplio debate por sus implicaciones en la lucha contra la corrupción y la gestión de la democracia representativa en el país. Esta ley modifica el Código Penal (Decreto Legislativo 635) y la Ley 30424, la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.
Por lo cual, es menester explorar en detalle el contenido de la Ley 32054, las críticas y preocupaciones que ha suscitado, y las posibles oportunidades y desafíos que plantea para el futuro de las organizaciones políticas en Perú.
Contenido de la Ley 32054
La Ley 32054 de Perú introduce cambios significativos en dos pilares legislativos fundamentales de Perú. En primera instancia, se modificó el artículo 105 del Código Penal, para excluir a los partidos políticos de ciertas sanciones aplicables a personas jurídicas. Específicamente, la ley establece que los cambios en la razón social, personería jurídica o reorganización societaria no impedirán la aplicación de medidas sancionadoras, con una excepción notable para los partidos políticos.
De manera que, estos quedarán excluidos de algunas disposiciones que se aplican a otras personas jurídicas, asegurando que la responsabilidad penal recaiga individualmente sobre los miembros implicados en actos delictivos.
Siguiendo por esta línea, la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, también fue modificada. El artículo 5 ahora excluye a los partidos políticos de ciertas sanciones administrativas que se aplican a otras personas jurídicas. En lugar de ello, los partidos políticos estarán sujetos únicamente al régimen sancionador previsto en la Ley de Organizaciones Políticas; lo anterior significa que, en caso de delitos cometidos por sus miembros, las organizaciones políticas no podrán ser disueltas ni recibir sanciones administrativas severas; logrando así la responsabilidad penal recaiga de manera individual sobre los sujetos implicados, sin afectar a las estructuras partidarias en su conjunto.
Lo que nos conduce a comprender las implicaciones de la recién Ley 32054, emitida por el Congreso de la República del Perú y publicada en la Edición Extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Fortalecimiento de la Democracia Representativa
Uno de los principales objetivos declarados de la Ley 32054 de Perú es optimizar la democracia representativa. Al eliminar la responsabilidad penal de las organizaciones políticas, se busca impedir cualquier injerencia del poder judicial en la política, permitiendo que los partidos operen sin el riesgo de ser disueltos por actos ilícitos cometidos por algunos de sus miembros. Esta medida pretende proteger la estabilidad de las instituciones políticas y garantizar su continuidad.
Pero ¿Cuál es el debate y controversia que resuenan entre los peruanos?
A pesar de los objetivos declarados por el Congreso, la Ley 32054 ha generado un amplio debate. Los críticos argumentan que excluir a los partidos políticos de la responsabilidad penal puede enviar un mensaje negativo sobre la lucha contra la corrupción, debido a que limita la implementación de modelos de prevención de delitos en estas entidades.
La preocupación principal se esboza en que esta ley podría fomentar la impunidad dentro de las organizaciones políticas, debido a que las sanciones recaerán únicamente en los individuos y no en las estructuras partidarias que facilitan o permiten estos actos ilícitos. Sin olvidar que esta ley llega en un momento en que varios partidos políticos en Perú están bajo investigación por delitos graves, como lavado de dinero, falsificación de firmas y organización criminal.
Colocando en evidencia que la exclusión de estos partidos de la responsabilidad penal colectiva podría tener un impacto significativo en estos casos en curso, beneficiando a las organizaciones políticas involucradas al evitar sanciones administrativas que podrían incluir su disolución.
Desafíos y oportunidades de la Ley 32054 para las Organizaciones Políticas en Perú
De estas circunstancias, nace la necesidad de adentrarse en el entendimiento de las oportunidades y desafíos que presenta esta nueva realidad normativa en Perú; entre las cuales destacamos:
1. Implementación de modelos de prevención de delitos
Aunque la Ley 32054 de Perú excluye a los partidos políticos de ciertas sanciones, esto no significa que las organizaciones no deban tomar medidas para prevenir la corrupción y otros delitos. De hecho, esta situación puede ser vista como una oportunidad para que los partidos políticos implementen estrictos modelos de prevención de delitos; donde estas medidas pueden incluir políticas internas de transparencia, auditorías regulares, capacitación en ética y cumplimiento, y mecanismos de denuncia anónima para detectar y prevenir actividades ilícitas.
Por ello, desde Risk Consulting Global Group continuando fielmente a nuestro compromiso inquebrantable en la promoción de Negocios Transparentes, ofrecemos en Risk Training Center capacitaciones, cursos y webinars gratuitos que les permiten a las organizaciones latinoamericanas adentrarse en conversaciones didácticas y reveladores donde obtendrán conocimientos valiosos para minimizar la materialización de riesgos empresariales, prevención de fraude, corrupción y LA/FT efectivamente.
2. Fortalecimiento Institucional
Los partidos políticos pueden aprovechar esta nueva ley para fortalecer sus estructuras internas y promover una cultura de integridad y responsabilidad. Esto incluye la creación de comités de ética, la implementación de códigos de conducta y la realización de controles internos rigurosos para asegurar que los miembros actúen de acuerdo con los principios legales y éticos.
Sin embargo, también existen riesgos y desafíos significativos. La exclusión de la responsabilidad penal colectiva puede llevar a una percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas, lo que podría socavar la confianza pública en las instituciones políticas. Además, la implementación de modelos de prevención de delitos requiere recursos y compromiso, lo cual puede ser un desafío para algunas organizaciones políticas.
No cabe duda de que, la Ley 32054 de Perú introduce cambios significativos en la forma en que se aborda la responsabilidad penal de las organizaciones políticas. Si bien busca optimizar la democracia representativa y proteger a los partidos políticos de la disolución por actos ilícitos cometidos por sus miembros, también plantea importantes preguntas sobre la lucha contra la corrupción y la implementación de modelos de prevención de delitos.
Por lo que es esencial que los partidos políticos en Perú tomen medidas proactivas para fortalecer sus estructuras internas y promover una cultura de integridad y responsabilidad. Al hacerlo, no solo podrán cumplir con las expectativas de la Ley 32054, sino también contribuir a la construcción de una sociedad más justa y transparente.
De igual forma, a medida que esta ley se implemente, será crucial monitorear su impacto y ajustar las estrategias de cumplimiento y prevención de delitos según sea necesario. Solo a través de un compromiso genuino con la integridad y la responsabilidad, las organizaciones políticas podrán superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la Ley 32054; atendiendo activamente también a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en caso de que aún no esté familiarizado con ellas, le invitamos a conocer nuestra Serie Compliance en Acción: Descifrando las 40 Recomendaciones del GAFI con nuestros expertos, disponible en nuestras redes sociales oficiales.
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Herramientas Integrales necesarias para optimizar los Modelos de Prevención de Delitos
Indudablemente, este nuevo contexto que puso sobre la mesa la promulgación de la Ley 32054 de Perú, pone en manifiesto la necesidad de implementar mecanismos eficaces para combatir la corrupción y otros actos ilícitos; para lo cual se hace aún más imprescindible contar con herramientas tecnológicas avanzadas e integrales no solo para enfrentar estos desafíos, sino también para optimizar los procesos de cumplimiento y mitigar los riesgos asociados.
En virtud de lo cual, las soluciones tecnológicas de vanguardia ofrecidas por Risk Consulting Global Group proporcionan un soporte integral para desarrollar y mantener modelos de prevención de delitos que sean efectivos y adaptables a las nuevas regulaciones y a las necesidades de cada organización.
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