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En Aguazul, Casanare, la Policía Nacional ha detenido a Salomón Fernández Torres, conocido como ‘El Salomón’, líder principal del grupo delictivo internacional ‘Tren de Aragua’ de Venezuela. Fue designado por el fugitivo alias ‘Niño Guerrero’ para dirigir operaciones criminales en Bogotá y Soacha, involucrado en tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y secuestros.
Samuel Campusano Dulanto, exfuncionario del MEF, ha sido condenado a 8 años de prisión por su participación en el caso de los 'Bonos Soberanos' de Odebrecht. Se le encontró culpable de usar su influencia para facilitar la emisión de bonos por 177 millones de soles destinados al Gobierno Regional de Cusco. El juicio también implicó a otros acusados y se basó en evidencia que reveló una trama de corrupción. Esta sentencia marca un hito en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht en Perú y América Latina.
En un caso impactante en Tegucigalpa, dos mujeres y un hombre han sido condenados por explotar sexualmente a una joven con discapacidad mental. Isabel de Jesús Flores y Fátima Marisol Maradiaga enfrentan siete años de prisión cada una, mientras que Román Ferrera Santos fue sentenciado a diez años por violación. Los delitos ocurrieron cuando las mujeres, encargadas del cuidado de la víctima, la llevaban cerca de un motel donde el hombre abusaba de ella a cambio de dinero.
En 2023, Bolivia registró 379 casos de vulneración a la institucionalidad democrática, un aumento significativo respecto a años anteriores. Los incidentes abarcan desde corrupción y abuso de poder hasta ataques a la presunción de inocencia, siendo la corrupción la transgresión más frecuente a nivel subnacional. El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional son señalados por la exposición pública de sospechosos sin juicio, lo que socava las garantías constitucionales.
Agentes de la Policía Nacional desbarataron un plan de contrabando al interceptar una ambulancia cargada con aceite y café de origen presuntamente argentino en Lambaré. El operativo, respaldado por la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando, resultó en la detención del conductor, Brian Iván Morel Vergara, tras una persecución que culminó en un choque. Se descubrió un depósito clandestino como origen de las mercancías ilegales.
En un operativo coordinado en zona fronteriza, la Dirección de Antinarcóticos logró detener a dos hombres, Hernán Zapata y David Arenas, por transportar ilegalmente aproximadamente 2.085 gramos de morfina. Este hecho refuerza los esfuerzos contra el narcotráfico y resalta los riesgos asociados al consumo de drogas ilegales, subrayando la importancia de las acciones preventivas de la Policía Nacional para garantizar la seguridad pública.
Autoridades mexicanas investigan a Enrique Peña Nieto y familia por presunto lavado de dinero y otros delitos financieros graves. Las acusaciones incluyen un complejo entramado de empresas utilizadas para evadir impuestos y blanquear capitales, evidenciando posibles prácticas corruptas durante su mandato presidencial.
La UIF ha presentado una demanda en Estados Unidos contra Genaro García Luna, acusándolo de participar en un esquema de lavado de dinero mediante varias empresas y fideicomisos. Este proceso legal se suma a las acusaciones por narcotráfico y corrupción que enfrenta García Luna desde su arresto en 2019 en Texas, mientras era secretario de Seguridad en México durante la administración de Felipe Calderón.
El alcalde de Iaçu, Nixon Duarte Muniz Ferreira, enfrenta acusaciones del Ministerio Público de Bahía por desviar R$ 729,000 de fondos públicos. Se le acusa de adjudicar contratos a una empresa de su propiedad, registrada a nombre de un testaferro, para construir plantas potabilizadoras y una cancha polideportiva. Estas obras, realizadas por empleados municipales a pesar de la licitación, y un contrato adicional para la construcción de carreteras locales por R$ 1,149,000, han generado sospechas y denuncias. El municipio de Iaçu, con 24,000 habitantes en extrema pobreza, depende en gran medida del programa Bolsa Familia.
José Antonio Nolasco Pérez fue condenado a 50 años de prisión por el secuestro y asesinato del empresario Gustavo Leonel Canahuati Sagastume en Honduras. El crimen ocurrió en noviembre de 2018 y, tras exigir un rescate, el cuerpo de la víctima fue hallado días después. Las pruebas forenses confirmaron su identidad y la violencia de su muerte.

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La Fiscalía Regional del Litoral Atlántico ha llevado a cabo 12 procesos penales, destacando la condena de un ciudadano nicaragüense por tráfico de drogas. En otros casos, se procesó formalmente a una persona por extorsión agravada y se ordenó prisión preventiva para un acusado de robo con fuerza. Además, se vinculó a un menor a proceso por tentativa de homicidio y se realizaron audiencias por porte ilegal de armas y posesión de drogas. La Fiscalía de la Mujer también procesó a un hombre por maltrato familiar agravado.
En una decisión significativa, el régimen de Xi Jinping ha expulsado y procesará por corrupción al ex ministro de Defensa chino, Li Shangfu, quien fue apartado abruptamente de su cargo sin explicaciones claras el año pasado. Esta medida refleja los esfuerzos de Xi por consolidar su liderazgo mediante una purga interna, mientras se enfrenta a tensiones militares y disputas territoriales, incluyendo el nombramiento del almirante Dong Jun como su sucesor en un contexto de cambios en el gobierno chino.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado sanciones a una red bancaria que operaba en la sombra, compuesta por 50 individuos y entidades, quienes se dedicaban a facilitar la venta de petróleo y productos petroquímicos de Teherán desde diferentes ubicaciones internacionales. Estas actividades permitían al Ministerio de Defensa de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica obtener acceso ilegítimo al sistema financiero global y financiar armamento para sí mismos y para grupos terroristas en Medio Oriente y Rusia, con transacciones que han superado los miles de millones de dólares desde 2020.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC) obtuvo penas que suman 158 años y 12 días de cárcel para trece integrantes de la organización criminal apodada "Las Tías", dedicada al tráfico de drogas en Calama. Este resultado representa un récord en la región de Antofagasta, siendo la primera vez que se condena a una banda por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos en una misma causa.
Funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) están siendo investigados por la Procuraduría debido a presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos para la reforma agraria. Un informe reveló fallos en los procedimientos administrativos y en los conceptos técnicos utilizados para evaluar la idoneidad de los predios, así como omisiones importantes sobre características del suelo. También se cuestiona la documentación de las promesas de compraventa.
Durante la operación se incautaron una pistola, munición, miras para fusil, talonarios de cobro de extorsión, sellos de paz y salvo falsificados, 25 millones de pesos en efectivo, una motocicleta, cuatro teléfonos celulares y documentos relacionados con ganancias ilícitas. Esta captura es el segundo golpe reciente contra el Bloque Jorge Suárez Briceño, después de la detención de tres miembros y la muerte de otro en Algeciras.
La Fiscalía imputó a los detenidos el delito de secuestro extorsivo agravado, aunque ambos rechazaron los cargos. Cabe destacar que Mario Andrés Jiménez tiene antecedentes penales con dos condenas por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Además, actualmente está bajo medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego.
La Corte Suprema de Justicia ha acusado a María Cristina Soto de Gómez, exrepresentante del partido Conservador en La Guajira, de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Esta decisión, reportada por la revista Semana, se basa en la determinación de la Sala de Instrucción que la señala como coautora de estos delitos, en modalidad continuada y en concurso, bajo la causal de mayor punibilidad estipulada en el artículo 58, numerales 9 y 10 de la Ley 599 de 2000. Soto de Gómez enfrenta cargos adicionales por concierto para delinquir, debido a que la Corte sostiene que ella se coludió con varios líderes sociales y políticos de La Guajira para manipular los mecanismos de participación democrática con el fin de asegurar su elección. Entre los involucrados se mencionan diversos líderes de Maicao.

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