Las autoridades mexicanas están investigando de cerca a Enrique Peña Nieto y a su núcleo familiar más íntimo por sospechas de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Esta investigación, iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2022, ha dado un vuelco impactante al desvelar una red financiera que involucra al menos a 18 personas, incluyendo familiares directos, ex parejas y asociados comerciales del exmandatario.
Según informa el periodista Miguel Badillo de Contralínea, la pesquisa ha descubierto una serie de empresas presuntamente utilizadas para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
La lista de implicados es extensa y abarca desde la madre del expresidente, María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, hasta sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto. También figuran su ex esposa Angélica Rivera Hurtado y Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto. La investigación alcanza incluso a sobrinos y cuñados, demostrando la amplitud del presunto esquema de corrupción.
Empresas ficticias y contratos lucrativos
Un aspecto particularmente alarmante de la investigación es el caso de Plasti-Esteril, también conocida como Baxter Atlacomulco. Esta empresa, fundada en 1991 con Peña Nieto y su familia como accionistas, fue supuestamente vendida en 1992 a Esquisflex, que luego fue absorbida por la empresa farmacéutica internacional Baxter International, Inc. Lo sorprendente es que, tras la llegada de Peña Nieto a la presidencia en 2012, Baxter recibió contratos gubernamentales por más de 10,500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, Peña Nieto ha optado por residir en Madrid, España, manteniéndose en un autoimpuesto exilio. A través de un intermediario, el expresidente ha manifestado que no se le ha permitido presentar pruebas en su defensa ante las acusaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. No obstante, asegura que sus abogados han presentado documentos que, supuestamente, demuestran la legitimidad de sus activos.
La UIF, bajo la dirección de Pablo Gómez, ha trazado un mapa detallado de las transacciones financieras que abarcan desde 2013 hasta la fecha actual. Se han documentado transferencias multimillonarias a paraísos fiscales en Irlanda, España y Estados Unidos. Especialmente alarmantes son los depósitos en efectivo que superan los 30 millones de pesos, cuyo origen aún no se ha determinado.
Entre 2015 y 2021, Plasti-Esteril realizó 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por un total de 1,557 millones de pesos y casi 5 millones de dólares. Además, Desarrolladora Homex, junto con una filial, efectuó transferencias a Irlanda por 164,326 euros.
La investigación también ha revelado que Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26.1 millones de pesos entre 2019 y 2021, procedentes de un familiar consanguíneo. Este mismo familiar registró retiros por casi 190 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto tres carpetas de investigación contra Peña Nieto. La primera se centra en OHL por delitos electorales y patrimoniales. La segunda investiga denuncias por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. La tercera examina el posible enriquecimiento ilícito del exmandatario.
¿El primer expresidente neoliberal en enfrentar la justicia?
Este caso podría marcar un precedente en la historia política de México, ya que Peña Nieto podría convertirse en el primer expresidente del periodo neoliberal en ser procesado por delitos graves. Las implicaciones políticas y jurídicas son significativas, no solo para él y su familia, sino también para el sistema político mexicano en su conjunto.
Además, este caso subraya la importancia de instituciones como la UIF y la FGR en la lucha contra la corrupción. Su capacidad para investigar y potencialmente procesar a figuras tan influyentes como un expresidente podría indicar un cambio significativo en la cultura de impunidad que ha prevalecido en México durante décadas.
No obstante, también es crucial considerar los desafíos legales y diplomáticos que enfrentará este caso. Con Peña Nieto residiendo en España, cualquier intento de llevarlo ante la justicia mexicana requerirá complejas negociaciones internacionales y procesos de extradición.
A medida que avanza la investigación, es probable que surjan más detalles sobre la presunta red de corrupción. Esto podría tener un efecto dominó, implicando a más figuras políticas y empresariales y potencialmente generando una revisión más amplia de las prácticas gubernamentales durante el mandato de Peña Nieto.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
