En 2023, se documentaron 379 incidentes de violación a la institucionalidad democrática en Bolivia, según el Observatorio de Derechos Humanos de Unitas. Estos casos incluyen desde corrupción y abuso de poder hasta ataques a la presunción de inocencia. La cifra, que representa más de un caso por día, es seis veces mayor que en años anteriores.
Entre los incidentes más comunes se encuentran 232 actos o declaraciones que afectan el ejercicio de derechos, 88 procedimientos fuera de la norma, 23 relacionados con corrupción de autoridades, 12 por falta de independencia de los órganos del Estado y 9 por falta de transparencia y acceso a la información.
A nivel subnacional, la corrupción es la infracción más frecuente, según el portal Sumando Voces. Ejemplos destacados incluyen la sentencia a cinco años de prisión para el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, por múltiples delitos, y el caso del exalcalde Luis Gatty Ribeiro, detenido preventivamente por malversación de fondos.
Una práctica particularmente preocupante es la presentación de presuntos delincuentes en medios de comunicación y redes sociales, una acción recurrente del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, que vulnera la presunción de inocencia. El ministro Eduardo Del Castillo es responsable de 192 casos de exposición pública de sospechosos en 2023, una práctica que debilita las garantías constitucionales y expande el poder punitivo del Estado.
El informe también destaca casos de abuso de poder, como el del diputado masista Patricio Mendoza, quien admitió conducir sin licencia tras un accidente, y el del diputado del MAS Juan José Jáuregui, denunciado por extorsionar a mujeres a cambio de empleo.
Un tema crítico es la prórroga de mandato de magistrados del Órgano Judicial desde diciembre de 2023, con 30 irregularidades identificadas por la Veeduría Ciudadana en estándares de independencia, idoneidad, inclusión, transparencia y exigibilidad.
Fuente y créditos
Diario Decano de la Prensa Nacional
