La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dado un paso significativo en el caso contra Genaro García Luna al presentar una demanda en Estados Unidos. Esta acción legal acusa al exsecretario de Seguridad Pública de México bajo la administración de Felipe Calderón de estar involucrado en un esquema masivo de lavado de dinero. García Luna, quien fue arrestado en 2019 en Dallas, Texas, ahora enfrenta cargos adicionales relacionados con la ocultación de activos obtenidos de manera ilícita.
Según el comunicado emitido por la UIF, la demanda abarca un total de 39 empresas y fideicomisos vinculados directamente con García Luna, sus colaboradores y familiares. Estas entidades supuestamente tienen operaciones o activos en el estado de Florida, Estados Unidos, donde se habrían llevado a cabo transacciones financieras irregulares derivadas de contratos fraudulentos en el sector de la seguridad y defensa nacional durante su gestión como alto funcionario en México.
El documento presentado ante la corte de Miami, Florida, detalla cómo este grupo de empresas fue supuestamente creado con el propósito de esconder y blanquear recursos provenientes de actos corruptos. La acusación subraya que García Luna y sus cómplices habrían utilizado estas entidades para canalizar y disfrazar fondos obtenidos de manera ilegal, vinculados con sobornos y otros delitos relacionados con el narcotráfico en México.
Genaro García Luna se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, desde su arresto inicial en 2019. Aunque su juicio ha enfrentado varios retrasos, está programado para ser juzgado ante una corte federal estadounidense por acusaciones que incluyen conspiración para el tráfico de drogas y aceptación de sobornos por parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios de México.
La complejidad del caso de García Luna ha atraído la atención internacional debido a la gravedad de las acusaciones y su papel clave en la política de seguridad de México durante la presidencia de Felipe Calderón. Su arresto inicial en Estados Unidos y las continuas revelaciones sobre presunta corrupción han generado un debate significativo sobre la integridad de las instituciones públicas y el manejo de fondos gubernamentales en el país.
El proceso legal en curso en Estados Unidos representa un paso importante en los esfuerzos por llevar a García Luna ante la justicia por presuntos delitos cometidos mientras ocupaba un cargo público de alto nivel en México. Las autoridades mexicanas y estadounidenses continúan colaborando estrechamente para recopilar pruebas y asegurar un juicio justo que pueda arrojar luz sobre las actividades criminales que se alega ocurrieron durante su mandato.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
