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Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, ha sido procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 por su presunta participación en una asociación ilícita responsable de 524 casos de estafa. La jueza Paula González firmó la resolución que impone un embargo de 9 mil millones de pesos. La investigación sugiere que Muszak y otros implicados decidieron desde el inicio no cumplir con los acuerdos financieros establecidos, afectando gravemente a los inversores. Se ha establecido una caución real de 500 millones de pesos para evitar la prisión preventiva del acusado.
Tania y Cristian Herrera Rambla, dueños de la empresa Edificaciones Inmobiliarias, están siendo señalados por presunta estafa en la venta de departamentos que nunca fueron construidos, dejando en el limbo a más de 10 compradores. Estos clientes, quienes confiaron en la reputación y supuesta experiencia de la empresa en el mercado, ahora claman por la devolución de sus inversiones tras esperar durante años sin ver materializados los proyectos prometidos.
Josué Colón de la AEE ha lanzado acusaciones graves contra LUMA Energy, revelando que la empresa gastó $200 millones en empleados adscritos a sus empresas matrices, sin generar empleos locales significativos en Puerto Rico. Colón critica estos gastos como injustificados y señala la resistencia de LUMA para divulgar información. En respuesta, LUMA niega las acusaciones, defendiendo su presupuesto fiscalizado y las inversiones en mejorar la infraestructura eléctrica de la isla, mientras critica la gestión previa de la AEE y las afirmaciones de Colón como infundadas.
En Ayutla, la reciente captura de Julio Alberto Escobar Rendón, acusado de narcotráfico y vinculado a la alcaldía local, ha vuelto a poner en tela de juicio los lazos entre el gobierno municipal y actividades ilícitas. Escobar Rendón, también conocido como "Beto", operaba a través de su empresa Black Sky, proveedora de servicios para eventos, mientras que la administración, previamente dirigida por Erick Súñiga y su familia, enfrenta acusaciones continuas de nexos con el cartel de Sinaloa.
Samuel Campusano Dulanto, exfuncionario del MEF, ha sido condenado a 8 años de prisión por su participación en el caso de los 'Bonos Soberanos' de Odebrecht. Se le encontró culpable de usar su influencia para facilitar la emisión de bonos por 177 millones de soles destinados al Gobierno Regional de Cusco. El juicio también implicó a otros acusados y se basó en evidencia que reveló una trama de corrupción. Esta sentencia marca un hito en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht en Perú y América Latina.
En Aguazul, Casanare, la Policía Nacional ha detenido a Salomón Fernández Torres, conocido como ‘El Salomón’, líder principal del grupo delictivo internacional ‘Tren de Aragua’ de Venezuela. Fue designado por el fugitivo alias ‘Niño Guerrero’ para dirigir operaciones criminales en Bogotá y Soacha, involucrado en tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y secuestros.
En un caso impactante en Tegucigalpa, dos mujeres y un hombre han sido condenados por explotar sexualmente a una joven con discapacidad mental. Isabel de Jesús Flores y Fátima Marisol Maradiaga enfrentan siete años de prisión cada una, mientras que Román Ferrera Santos fue sentenciado a diez años por violación. Los delitos ocurrieron cuando las mujeres, encargadas del cuidado de la víctima, la llevaban cerca de un motel donde el hombre abusaba de ella a cambio de dinero.
En 2023, Bolivia registró 379 casos de vulneración a la institucionalidad democrática, un aumento significativo respecto a años anteriores. Los incidentes abarcan desde corrupción y abuso de poder hasta ataques a la presunción de inocencia, siendo la corrupción la transgresión más frecuente a nivel subnacional. El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional son señalados por la exposición pública de sospechosos sin juicio, lo que socava las garantías constitucionales.
En una operación conjunta, las autoridades colombianas arrestaron a Manuel Martínez, conocido como "El Mecánico", por su papel en la modificación de lanchas para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. El operativo, que también involucró al FBI, resultó en la captura de cinco personas y la incautación de una lancha, armas de fuego y dinero en aguas internacionales.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado al Banco Al-Huda de Irak por su papel en la financiación del terrorismo, desconectándolo del sistema financiero estadounidense. Esta medida prohíbe a las instituciones financieras de EE.UU. abrir o mantener cuentas corresponsales para el banco, que ha estado facilitando fondos para organizaciones terroristas como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y diversas milicias iraquíes. La acción busca proteger la integridad del sistema financiero y evitar que Irán y sus aliados utilicen estas vías para actividades desestabilizadoras.

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Josué Colón de la AEE ha lanzado acusaciones graves contra LUMA Energy, revelando que la empresa gastó $200 millones en empleados adscritos a sus empresas matrices, sin generar empleos locales significativos en Puerto Rico. Colón critica estos gastos como injustificados y señala la resistencia de LUMA para divulgar información. En respuesta, LUMA niega las acusaciones, defendiendo su presupuesto fiscalizado y las inversiones en mejorar la infraestructura eléctrica de la isla, mientras critica la gestión previa de la AEE y las afirmaciones de Colón como infundadas.
En Ayutla, la reciente captura de Julio Alberto Escobar Rendón, acusado de narcotráfico y vinculado a la alcaldía local, ha vuelto a poner en tela de juicio los lazos entre el gobierno municipal y actividades ilícitas. Escobar Rendón, también conocido como "Beto", operaba a través de su empresa Black Sky, proveedora de servicios para eventos, mientras que la administración, previamente dirigida por Erick Súñiga y su familia, enfrenta acusaciones continuas de nexos con el cartel de Sinaloa.
Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, ha sido procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 por su presunta participación en una asociación ilícita responsable de 524 casos de estafa. La jueza Paula González firmó la resolución que impone un embargo de 9 mil millones de pesos. La investigación sugiere que Muszak y otros implicados decidieron desde el inicio no cumplir con los acuerdos financieros establecidos, afectando gravemente a los inversores. Se ha establecido una caución real de 500 millones de pesos para evitar la prisión preventiva del acusado.
En un caso impactante en Tegucigalpa, dos mujeres y un hombre han sido condenados por explotar sexualmente a una joven con discapacidad mental. Isabel de Jesús Flores y Fátima Marisol Maradiaga enfrentan siete años de prisión cada una, mientras que Román Ferrera Santos fue sentenciado a diez años por violación. Los delitos ocurrieron cuando las mujeres, encargadas del cuidado de la víctima, la llevaban cerca de un motel donde el hombre abusaba de ella a cambio de dinero.
En las diligencias judiciales se logró incautar un arma de fuego y varios dispositivos móviles que serán utilizados como pruebas en el caso. Además, los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, cargos que no fueron aceptados por los procesados. Por disposición judicial, 13 de los implicados fueron enviados a prisión preventiva, mientras que alias "Vanessa" recibió detención domiciliaria. La Fiscalía General de la Nación continúa con las investigaciones para individualizar a todos los responsables de este esquema criminal y llevarlos ante la justicia. Por su parte, las autoridades exhortan a la comunidad a denunciar cualquier hecho extorsivo o actividad ilegal a través de la línea 167 del Gaula o en las instalaciones de la Policía Nacional más cercana. Se espera que esta acción judicial envíe un mensaje contundente contra las organizaciones criminales que pretenden atemorizar y extorsionar a la población.
Tania y Cristian Herrera Rambla, dueños de la empresa Edificaciones Inmobiliarias, están siendo señalados por presunta estafa en la venta de departamentos que nunca fueron construidos, dejando en el limbo a más de 10 compradores. Estos clientes, quienes confiaron en la reputación y supuesta experiencia de la empresa en el mercado, ahora claman por la devolución de sus inversiones tras esperar durante años sin ver materializados los proyectos prometidos.
Samuel Campusano Dulanto, exfuncionario del MEF, ha sido condenado a 8 años de prisión por su participación en el caso de los 'Bonos Soberanos' de Odebrecht. Se le encontró culpable de usar su influencia para facilitar la emisión de bonos por 177 millones de soles destinados al Gobierno Regional de Cusco. El juicio también implicó a otros acusados y se basó en evidencia que reveló una trama de corrupción. Esta sentencia marca un hito en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht en Perú y América Latina.
El mayor PNP Víctor Raúl Gareondo Ramos, jefe de la Comisaría PNP de Mariscal Castilla, y el suboficial de tercera Jean Franco Elvis Cornejo Vásquez, junto con el civil Tomás Choque Medrano, fueron intervenidos por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía ha iniciado procedimientos para revisar la gestión de Roberto Sánchez como ministro, enfocándose en acusaciones de posibles sobornos a empleados del comercio exterior y manipulación en los procesos de contratación. Se señala específicamente la participación de varios funcionarios clave del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en actividades irregulares, incluyendo el cobro de comisiones sobre contratos y la recaudación de porcentajes de salarios para la creación de nuevos puestos bajo contratos administrativos (CAS).
Rodríguez manifestó su preocupación ante la situación y señaló que están investigando si existen otras órdenes de aprehensión pendientes o procesos legales en curso. Informó al gabinete de seguridad sobre este asunto delicado y aseguró que seguirán todas las vías legales posibles para garantizar el cumplimiento de la ley.
El principal acusado, Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años dirigía a los mensajeros que recogían el dinero en efectivo en el área metropolitana de Los Ángeles. Según los fiscales, Martínez Reyes se asoció con el líder de los lavadores chinos y viajó a México para negociar con el cártel. El Departamento de Justicia lo señala como el cerebro detrás de la transferencia del dinero del narcotráfico, evadiendo registros financieros y comprando criptomonedas en nombre del Cártel de Sinaloa. El fiscal federal Martin Estrada destacó el ciclo destructivo donde las drogas vendidas en EE.UU. financian precursores químicos para fabricar más drogas enviadas a ese país.
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció mediante su perfil en Instagram la captura de Jesús Atencio en La Cañada de Urdaneta, Zulia. Atencio y Miguel Boscán fueron detenidos por presionar a pescadores en la playa Santa Fe tras finalizar su jornada en el mar, exigiéndoles parte de sus ganancias como pago a Mauricio José Luzardo Rondón, quien aún se encuentra prófugo.
El trabajo detallado de la Delegación Municipal San Juan Lara resultó en la captura de tres delincuentes que robaron en la Basílica El Cristo y la Catedral de Barquisimeto. Los arrestados, que ya tenían antecedentes penales, fueron detenidos en el Cementerio Municipal Bella Vista, donde se recuperaron varios objetos robados.
Agentes militares han capturado a cuatro personas y decomisado un total de 61 panelas de drogas, incluyendo marihuana. Los procedimientos, llevados a cabo en Portuguesa, Sucre y Miranda, también resultaron en el aseguramiento de armas y otros materiales ilícitos. Estos esfuerzos buscan desmantelar grupos delictivos que utilizan estas regiones como puntos estratégicos para el almacenamiento y envío de drogas hacia destinos internacionales como el Caribe y Europa.
La audiencia, que comenzó hoy a las 16:00, forma parte del caso Independencia Judicial, que también investiga al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y a la exvocal Maribel Barreno, tras la destitución del juez nacional Walter Macías. Según la Fiscalía, Muñoz reconoció que la destitución del exmagistrado Macías carecía de fundamento. Durante la audiencia de este martes, la fiscal Diana Salazar presentó argumentos durante casi dos horas para que se aplicara el procedimiento abreviado en el caso de Muñoz. (SC)
Miembros de la familia Hinduja, la más rica del Reino Unido, enfrentan un juicio en Suiza por presunto tráfico de personas y explotación laboral en su mansión de Ginebra. Las acusaciones incluyen pagar salarios extremadamente bajos y confiscar pasaportes a empleados traídos desde India. Los abogados defensores alegan que el salario incluía alojamiento y comida, y presentaron testigos que apoyan a la familia.

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